Aquel operativo obedecía a una ley dictada por el régimen franquista el 09/02/1939 (el día en que las tropas franquistas habían completado la Ocupación de Catalunya llegando a la frontera francesa), que había sido implementada el 1 de agosto de 1939 con la puesta en funcionamiento del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. Con el Edicto de Villamide, el régimen franquista pretendía sumar la población civil a su aparato represor. Sólo doce días antes, el coronel José Ungría Jiménez (Servicio de Inteligencia) daba el pistoletazo de salida al sistema de las delaciones reclutando a una cantidad no determinada de conserjes (porteros) de fincas privadas y de taxistas como chivatos.